Sandra Piszk Feinzilber*

La semana pasada fue particularmente importante para nuestro país. Primero, porque, aun cuando el presidente Solís, en su cadena televisiva, nos dijo cosas que ya sabíamos y que veníamos advirtiendo, al menos reconoció que estamos al borde del abismo. 

Segundo, porque sonó la campana y los candidatos presidenciales parecieran dispuestos a comprarse el costo político que implican algunas de las medidas que habrá que tomar de inmediato, aun cuando estemos en campaña política.

Tercero, porque los mismos sindicatos que ayer se oponían a cualquier reforma al empleo público comienzan a manifestar que, de no tomarse medidas en esta materia, se ponen en peligro no solo programas sociales que ya han venido deteriorándose como la Red de Cuido, sino también derechos laborales fundamentales como el aguinaldo. 

Cuarto, porque la empresa privada reconoce que es necesario impulsar impuestos de carácter progresivo.

Nada nuevo en cuanto a las medidas a tomar. Lo nuevo es la inmediatez con que es necesario hacerlo, y hacerlo bien. Sin cartas escondidas debajo de la mesa ni doble discurso, aceptando o más bien reivindicando que los acuerdos políticos, tan satanizados en una época, son la única solución al inminente caos social y político.

No hay duda de que nuestro país es una tierra privilegiada por la calidad de su gente, los recursos naturales y su ubicación geográfica. Nuestra generación fue privilegiada por el legado de paz, libertad, y democracia que construyeron nuestros abuelos. Fuimos privilegiados durante muchos años por tener un sistema de seguridad social, fortaleza institucional y equidad económica que también construyeron nuestros antepasados, pero digo fuimos y no somos, porque nosotros, nuestra generación, no ha sido capaz de conservar ni fortalecer lo que un día fue el país más próspero, más equitativo y más educado de América Latina. Nos sentamos en los laureles y nos volvimos conservadores a ultranza del statu quo, propiciando el surgimiento de corrientes extremistas, tanto de derecha como de izquierda, que no reconocen los logros del pasado y que pretenden destruir primero para construir después. O bien, de gobernantes que basan su popularidad no metiéndose en enredos. 

Los mitos socioculturales sobre nuestro desarrollo relativo en relación con los otros países de la región, construidos y repetidos hasta la saciedad y el contraste entre nuestra estabilidad y la historia de crisis, guerras e inestabilidad de nuestros vecinos nos han llevado a pensar que somos mejores, lo cual, lejos de motivarnos a avanzar, ha servido de bálsamo tranquilizador para conformarnos con lo que tenemos.

Ello sumado a la tradicional paciencia con que se manejan los asuntos públicos en el país desde la época en que se decidió esperar la Independencia “hasta tanto que se aclaren los nublados del día”, se ha prestado a un peligroso conformismo que tiende a frenar decisiones conflictivas como las que cualquier gobernante debe hacer y que son propias del correr de los tiempos y de las nuevas condiciones. Nos hemos escudado en el diálogo usualmente perpetuo para no tomar decisiones sin comprender que no tomar decisiones es una decisión en sí.

A ello agregamos el escudo de los diagnósticos. Siempre recuerdo una columna de don Julio Rodríguez que decía que Costa Rica es el campeón de los análisis, de los estudios de caso y de los diagnósticos. Y, aunque parezca broma, muchas veces gastamos más en el diagnóstico que en la solución al problema, sin contar que además ello nos sirve para posponer las decisiones conflictivas. 

Pero, como dice el poeta Isaac Felipe Azofeifa, “nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer”. La reforma fiscal, el empleo público, las pensiones, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, y muchos otros asuntos están tocando fondo. 

Es hora de aprobar la reforma al Reglamento Legislativo que nos permita poner plazos para la votación de los proyectos de ley, ya sea de manera afirmativa o negativa, pero de votarlos y seguir avanzando.

Es hora de ordenar las finanzas públicas, reduciendo en algunos casos y eliminando en otros, los disparadores del gasto público como son los viajes oficiales, las consultorías y la propaganda de las instituciones públicas, especialmente las autónomas.

Es hora de alcanzar acuerdos en materia fiscal, donde de manera progresiva quienes más tienen más contribuyan al Estado, pero donde el Estado también mejore su labor de recaudación de los impuestos ya existentes.

Es hora de ordenar el tema de los pluses salariales en el sector público, de eliminar privilegios en regímenes de pensiones insostenibles y que privilegian a unos pocos de manera desproporcionada con respecto al resto de la población.

Es hora de alcanzar acuerdos en materia de infraestructura, generación de energías limpias y de ordenamiento del transporte, especialmente el urbano, que nos permitan dinamizar la economía, atrayendo inversiones, brindando facilidades al turismo, generando empleos dignos y contribuyendo con el medio ambiente.

Es hora de mejorar las condiciones laborales de nuestra población reduciendo al mínimo la informalidad, garantizando el pago del salario mínimo y la protección de las condiciones de trabajo especialmente en las labores agrícolas.

En fin, es hora de que hablemos menos y concretemos más. Con respeto, pero con firmeza y, sobre todo, sin miedo a la discrepancia.

 

*Diputada Partido Liberación Nacional

 

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