El dinero que ingresa a las arcas estatales, y que administra el gobierno para pagar salarios y garantizar la operación de servicios esenciales, se agota.

Entretanto, la deuda – a la que han acudido distintas administraciones para pagar esos gastos corrientes ante la ausencia de una reforma fiscal- crece significativamente e incluso, podría absorber hasta el 63% de la producción nacional en tres años.

El presidente Luis Guillermo Solís calificó ese panorama como una “crisis de liquidez” y por ello sugirió contener el gasto y cobrar más impuestos para conseguir recursos extra.

¿Cómo se originó el desbalance actual en las finanzas públicas? La Nación realizó este análisis que contiene respuestas y datos clave sobre el manejo económico de las últimas cinco administraciones.

¿Cómo se originó el desbalance de las finanzas públicas?

Al igual que cualquier hogar o empresa, el Gobierno Central tiene ingresos con los cuales financia sus gastos.

El Gobierno recibe ingresos de los impuestos que recauda, de contribuciones sociales y de transferencias. Estos recursos los utiliza para pagar los salarios y cargas sociales de sus empleados y para girar recursos a otras instituciones, por ejemplo al Patronato Nacional de la Infancia. Además, requiere de fondos para invertir en la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.

Al igual que una familia, cuando los ingresos no alcanzan, el Gobierno también puede endeudarse para obtener dinero, pero debe pagar esa deuda y sus intereses.

¿Qué ha pasado con las finanzas del Gobierno Central en los últimos años? Entre 1998 y el 2008 tuvo suficientes ingresos para pagar salarios, bienes y servicios, hacer transferencias y realizar inversión.

Aún así, los ingresos no eran suficientes para pagar todas sus obligaciones, como los intereses de las deudas adquiridas en el pasado. Esa presión ocasionó que, en el periodo citado, el déficit total oscilara entre el 4,4% y el 1% del Producto Interno Bruto.

El déficit financiero se agudizó a partir del 2009: los ingresos que recibía el gobierno por pago de impuestos y otras fuentes, ni siquiera alcanzaban para cubrir gastos de salarios o inversión. Para pagar esas obligaciones, el Ejecutivo se endeudó. Esto es similar a que una familia pida dinero prestado para comprar la comida del mes y pagar el recibo de la luz.

¿Por qué dejó de alcanzar el dinero?

“La insostenibilidad de las finanzas públicas inició en 2009, debido a una política de aumentos en las remuneraciones (salarios y cargas sociales) y las transferencias.  El objetivo de esa política era, en principio, contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica mundial; sin embargo, al expandir el gasto corriente y no la inversión pública, generó presiones permanentes sobre el déficit primario (gastos menos ingresos, sin incluir el pago de intereses)”, señala el XXII informe del Estado de la Nación.

Entre el 2009 y el 2010 el gasto total creció un 19% en términos reales, el crecimiento anual más elevado de los últimos cinco gobiernos.

En ese mismo periodo, se registró una caída en los ingresos.  Aunque los ingresos comenzaron a subir nuevamente a partir del 2010, no lo hicieron al mismo ritmo que los gastos.  Por lo tanto, el déficit se acrecentó.

Desde el 2012 el crecimiento del gasto ha rondado entre el 3% y el 10% anual, lo cual evidencia que los distintos gobiernos no han sido capaces de reducirlo.

Además, en el contexto de la crisis financiera en Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias creó 12.033 plazas en el Gobierno Central, según datos del Ministerio de Hacienda.

A esto se sumaron una serie de aumentos a los salarios base, por encima de la inflación, que dispararon el costo de los salarios.

Por ejemplo en 2008 y el primer semestre de 2009, los salarios del Ejecutivo y el Poder Judicial aumentaron, semestralmente, entre un 6,5% y un 7,35%, mientras que la inflación semestral fue de 4,6% y 1,7%, respectivamente.

Adicionalmente, en el Poder Judicial, entre el 2008 y el 2010, se aprobaron otra serie de aumentos a los salarios base de ciertos puestos y la creación de incentivos, que dispararon el gasto en remuneraciones. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, se aprobó un aumento del 35% al salario base de los puestos gerenciales de la institución.

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En general, en nueve de los 15 semestres- comprendidos entre enero de 2009 y junio de 2016- los gobiernos de turno han decretado aumentos salariales superiores a la inflación.

El resultado de estas políticas ha ocasionado que el porcentaje de los ingresos que se usa para pagar salarios haya pasado de un 38% en 1998 a un 48% en el 2016.

¿Se puede recortar el gasto?

El pasado martes, el presidente Luis Guillermo Solís, anunció que el Presupuesto Nacional no crecería para el 2018, en aquellos rubros que no tengan obligación legal de aumentar. Sin embargo, esto representa solo cerca del 5% del plan de gastos.

“La inflexibilidad en el esquema de remuneraciones del sector público (pluses salariales) y la imposibilidad legal o constitucional de reducir el gasto, hacen que sea difícil reducir las presiones que generan los salarios sobre el déficit fiscal”, señaló el Estado de la Nación en su último informe.

Ese mismo documento señala que una alternativa es migrar al esquema de salario único, sin embargo en la Asamblea Legislativa la reforma al empleo público que se está discutiendo no contempla esa posibilidad.

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La iniciativa (expediente 19.506) busca unificar los pluses de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje entre el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las corporaciones municipales.

Sin embargo, el proyecto no estima cuánto se ahorraría el Gobierno Central por la implementación de esa política.

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 Por su parte, los candidatos presidenciales y diputados de la oposición han propuesto reducir partidas como el gasto en publicidad y propaganda. Sin embargo, el presupuesto en este rubro representa un 0,01% del plan de gastos, o un 0,03% del déficit fiscal para el 2016.

¿Cómo ha logrado el gobierno hacer frente a sus pagos?

Como los ingresos fiscales no alcanzan, el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento para financiarse. La deuda del Gobierno Central como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó de 32,5% en 1998 a 44,9% en el 2016; el punto más bajo del periodo analizado se dio en el 2008 con 24,1%.

A julio de 2017, la deuda había aumentado a 45,4% del PIB.

De acuerdo con el programa Macroeconómico del Banco Central para el 2017, “en ausencia de una reforma fiscal, existe una probabilidad del 90% de que la razón de la deuda del Gobierno a PIB alcance 63% en el 2020”.

Una investigación del 2016 de la misma institución, indicó que si esta deuda supera el 48,6%, “ante choques adversos que afecten las finanzas públicas, la credibilidad en la capacidad del Gobierno de mantener su solvencia está comprometida, puesto que los ajustes fiscales requeridos serían muy altos”.

Entre mayor sea el nivel de endeudamiento, se deben destinar mayores recursos para atender el pago de intereses, lo cual limita el pago de otras obligaciones.

A su vez, dado que en la actualidad el gobierno se financia en el mercado local, eso puede presionar al alza de las tasas de interés.

“La mayor competencia por la captación de recursos por parte del Gobierno podría presionar al alza las tasas de interés locales y reducir las oportunidades de financiamiento del sector privado”, se menciona en la Revisión del Programa Macroeconómico de julio de este año.

Como parte de sus medidas para atender la crisis, el gobierno anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa la autorización para colocar deuda en el exterior.

La más reciente autorización de este tipo se dio en el 2012, mediante la ley 9070, que facultó al gobierno a emitir títulos valor en el mercado internacional por un monto de hasta $4.000 millones. La última emisión derivada de esa ley se hizo en el 2015.

¿Y los impuestos?

La otra opción por la que apuesta el gobierno es una reforma tributaria para aumentar los ingresos, una propuesta que está en la discusión pública desde la administración de Abel Pacheco (2002-2006).

El Ejecutivo convocó el proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (expediente 19.678) aumentando la tasa hasta el 15%, y la reforma al impuesto sobre la renta.

Sin embargo, lograr aprobar una reforma fiscal en la recta final de esta administración parece difícil. La semana anterior la bancada del Partido Liberación Nacional condicionó su apoyo a que se impulse la reforma al empleo público (proyecto para unificar pluses) y se controle el gasto. Por su parte, el candidato del PUSC, Rodolfo Piza, abogó también por la reducción del gasto antes de discutir impuestos.

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